El Museo del Congreso y de la Inquisición se ubica en el jirón Junín, frente a la Plaza Bolívar, en el Centro Histórico de Lima, exactamente junto al Palacio Legislativo, sede del Congreso de la República.
El Museo de la Inquisición no era un espacio cualquiera. Albergaba una memoria arquitectónica de siglos de historia virreinal y republicana que latían en su patio interior con piso de pequeños cantos rodados, en los artesonados, en los machihembrados de madera del techo y en las catacumbas, que conservaban celdas e instrumentos de tortura. Y ni hablar de su nutrida e histórica biblioteca.
Imágenes tomadas de Facebook.
Desde 1991, el museo forma parte del área reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, al estar ubicado dentro del Centro Histórico de Lima. Antes de la intervención, recibía más de 200 000 visitantes al año; su público frecuente estaba compuesto por escolares, universitarios, turistas extranjeros y familias. Hasta que un día cerró para ser restaurado, y nunca más abrió sus puertas sin explicación de por medio.
La denuncia
Detrás de los S/ 13 000 000 destinados a este supuesto “rescate” patrimonial —de los cuales ya se han ejecutado cerca de 5 millones— se oculta una demolición disfrazada de restauración. El presupuesto fue aprobado sin consulta ciudadana, sin estudios de arqueología ni museografía preventiva, y sin asesoría técnica especializada. El resultado: muros desnudos y estructuras originales desaparecidas.
En el reportaje de Cuarto Poder, emitido el domingo 8 de junio de 2025, las cámaras registran a obreros levantando el piso original con palas y cinceles, desmontando techos y vigas centenarias con simples andamiajes de pintor de brocha gorda, y reemplazándolos por estructuras de ladrillo y cemento. No hay señalización que distinga lo original de lo añadido. Tampoco se evidencia criterio patrimonial ni respeto por la memoria material del edificio.
El reportaje expone cómo aquel contrato —de más de S/ 13 millones, adjudicado a la empresa Qhapaq Ñan S.A.C.— ignoró completamente la Carta de Venecia (1964) del ICOMOS, que exige intervención mínima, reversibilidad y estudios arqueológicos previos.
Ubicando a los responsables
Las últimas Mesas Directivas del Congreso son directamente responsables. Su omisión, al no activar sanciones, ni exigir supervisión arqueológica ni museográfica, ni dialogar con el Ministerio de Cultura, revela un desprecio por la autenticidad y el legado museal. También lo es Qhapaq Ñan S.A.C., la empresa ejecutora, que actuó sin los estudios técnicos ni las garantías mínimas.
Mira el reportaje completo del programa Cuarto Poder y sigue con atención cómo uno de los museos más importantes de Lima y del Perú ha quedado afectado por medidas congresales.
